lunes, 31 de julio de 2017
Informe enero-abril 2017: Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela
Tras la suspensión indefinida de elecciones regionales, la crisis política alcanzó un nuevo punto de quiebre con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al usurpar las funciones del poder legislativo, lo que al traducirse formalmente en la ruptura del orden constitucional, vulnera aún más las garantías de los derechos fundamentales.
La acelerada depresión económica dificulta la satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación, salud y seguridad personal. El uso ilegitimo de la fuerza e instituciones estatales está orientado a impedir la cobertura de temas críticos al resultar de alta sensibilidad para la opinión pública en detrimento de la imagen pública del gobierno. La criminalización de la búsqueda y registro de información se agudiza en la cobertura de la protesta política, un contexto donde arrecian las restricciones en el asalto durante la cobertura en el sitio, y se extienden simultáneamente al saboteo de las plataformas de difusión, el bloqueo de sitios web informativos, y hasta sanciones contra medios que cubran manifestaciones por incurrir en “terrorismo”.
La arremetida contra reporteros en las zonas de protesta tanto por cuerpos de seguridad como por grupos paraestatales escala algunas veces en agresiones físicas a fin de impedir el registro la demanda ciudadana así como la represión por parte de la fuerza pública. De allí que la intimidación este en el primer lugar con 78 ocurrencias. La agresión, por su parte se ubica en el tercer lugar de ocurrencia con 48 violaciones.
Violencia física
Intimidación, agresión y ataque
Detenciones arbitrarias, impedimento de cobertura, confiscación o robo de equipos, o destrucción de material, expulsión de espacios o instituciones públicas (intimidación); en agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y en ataques contra medios de comunicación. Estas situaciones suman un total 130 violaciones a la libertad de expresión, lo que la ubica como la modalidad de violencia más frecuente.
Veintidós (22) personas resultaron detenidas durante cobertura de manifestaciones, investigación sobre casos de corrupción, presos políticos o tras difusión de artículos de opinión.
Una política discriminatoria contra la prensa internacional de mantiene este 2017. En cuatro meses, ocho (8) corresponsales extranjeros fueron expulsados o detenidosen represalia o para evitar la cobertura informativa, en particular sobre manifestaciones, crisis alimentaria, presos políticos, corrupción y contrabando.
A continuación algunos casos que ejemplifican el patrón.
Sebastián Pérez y Didier Barral, reporteros franceses de la Agencie CAPA, fueron detenidos ilegalmente el 11 de abril por funcionarios del Sebin tras ser interrogados sobre su trabajo periodístico en el país, mientras se disponían a volar de regreso a París. Pérez y Barral estuvieron detenidos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Vargas durante más de una semana. Los reporteros fueron liberados el 21 de abril.
El 17 de enero, Daniel Mellado, reportero gráfico del diario El Clarín del estado Aragua, fue hostigado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en la cobertura de un disturbio cerca de la Universidad Politécnica Territorial del estado Aragua (UPTA). El reportero estaba en compañía de la periodista Paola Belis: “En un momento se escucharon detonaciones y piedras y corrimos para que no nos fuese a alcanzar alguna bala. Íbamos corriendo con la cámara, llevaba la cámara en la mano y quise tomar una foto pero no sé si salió porque iba corriendo, y en ese momento la GNB nos gritó para que nos paráramos y no nos paramos sino que caminamos un poco y nos abordaron gritando y con grandes armamentos en la mano para que le diéramos la cámara”, relató Mellado. Los funcionarios de la Guardia apuntaron y gritaron a los dos periodistas. Relataron que estaban en un estado de alarma y con las armas largas en las manos, por lo que temían que alguno pudiera disparar. La GNB retuvo las cámaras por más de una hora y borró por completo el material periodístico que estaba allí.
El 19 de abril, la periodista Mayela Armas del portal web Crónica Uno, fue hostigada por simpatizantes del oficialismo durante la cobertura de la manifestación convocada por sectores del gobierno en el centro de Caracas. La calificaron de “infiltrada”, le tomaron fotografías y amenazaron con llevarla detenida al Sebin.
Violencia institucional
Censura, hostigamiento judicial, restricciones legales y administrativas
La mayoría de las situaciones de censura estuvieron vinculadas a la salida parcial de medios impresos con un total de dieciséis (16) medios afectados en su circulación regular, el ataque o bloqueo de sitios web informativos, en la prohibición expresa de emitir opiniones políticas y órdenes de cese de transmisiones televisivas por razones político-partidistas. Diez (10) sitios web informativos fueron atacados o bloqueados (Contrapunto, Valera Noticias, Aporrea, Caraota Digital, El Pitazo, VPI, VivoPlay, Maduradas, Sumarium, El Estímulo).
- El 15 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó a los cableoperadores y otros servicios de televisión por suscripción eliminar las transmisiones del canal internacional de noticias CNN en Español. Esta decisión fue tomada por la molestia del gobierno nacional tras la difusión de la investigación “Pasaporte en la sombra” y por otras coberturas del canal en Venezuela. Entre los acusados de la red de venta de pasaportes se encuentran la canciller Delcy Rodríguez y el actual vicepresidente Tareck EL Aissami. Esto sucedió días después de que el Presidente Maduro arremetiera contra el canal de noticias durante su programa de televisión “Los Domingos con Maduro” diciendo: “¡Fuera CNN de Venezuela! ¡Bien lejos de nosotros! Los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos!”.
- El 19 de abril, dos canales internacionales, El Tiempo TV de Colombia y Todo Noticias, de Argentina fueron sacados de la parrilla de programación de televisión por suscripción, los cuales realizaban coberturas sobre las protestas opositoras que se llevaban a cabo ese día. Una tercera señal, la del canal español Antena 3 fue suspendida temporalmente tras la emisión temporal de un documental sobre la crisis nacional titulado “Venezuela al Límite”
- Santiago Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo, fue imputado por el Ministerio Público por el delito de “Traición a la Patria”, luego de ser juzgado en tribunales militares en Caracas. La detención fue ejecutada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de la publicación de una serie de artículos de opinión sobre la crisis económica nacional.
Cobertura reprimida
En abril de 2017 se registraron 144 violaciones del derecho a la libertad de expresión, lo que representa el 40% del total documentado en todo el año 2016. La mayoría de las restricciones al derecho (119) se contabilizaron durante o por la difusión de protestas en rechazo a la ruptura del orden democrático tras las decisiones del TSJ, extendidas por el resto del mes de abril a nivel nacional.
La obstrucción ilegitima del derecho a buscar o difundir información en el contexto de manifestaciones representó el 82% de los impedimentos registrados en el mes de abril.
Un patrón relevante es la arremetida de civiles armados que fungen como grupos de choque en la convocatoria de manifestaciones. Se autodenominan oficialistas aunque no cuentan con ningún tipo de identificación formal y portan indumentaria militar en algunos casos. Estos grupos atacan a quienes cubren o registran hechos públicos, en especial en zonas del centro de Caracas, donde el oficialismo condiciona el ejercicio de la protesta a un permiso con lo que prohíbe la entrada de sectores opositores bajo argumentos de discriminación política. Estos grupos violentos representan el segundo grupo de victimarios más frecuente, con un total de 29 arremetidas en el mes de abril. La impunidad acompaña estas agresiones por la desestimación de los casos instancias judiciales, el retardo en los procesos, por la omisión cómplice de voceros del gobierno y en otras ocasiones el llamado directo a estos grupos para “enfrentar” a los medios de comunicación o a la oposición, asumidos desde el discurso del gobierno como “enemigos políticos”.
ética
La libertad de expresión es un derecho fundamental y piedra angular de todas las
libertades consagradas en la carta de las Naciones Unidas, proclamadas en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantizada en la Constitución
Nacional y es factor esencial en el desarrollo, ampliación y profundización de la
democracia en nuestro país.
El periodista concibe la libertad de expresión como un factor de la elevación
espiritual, moral y material del hombre. En consecuencia, debe denunciar como
fraudulento invocar este principio para justificar intereses mercantiles, ideológicos
o sensacionalistas para convalidar tergiversaciones del mensaje informativo.
Esa libertad estará mejor salvaguardada cuando los periodistas se esfuercen por
mantener el sentido más elevado de su responsabilidad profesional, conscientes
de su obligación de informar oportuna y verazmente, y de buscar siempre la
verdad en las explicaciones e interpretaciones de los hechos.
No obstante, estamos conscientes de que una conducta profesional ajustada a los
lineamientos éticos, no es suficiente garantía de una información honesta y veraz.
Se hace necesario establecer por esto responsabilidades de los propietarios de los
medios de comunicación, así como de los funcionarios públicos responsables de
los medios de comunicación del Estado, quienes con frecuencia guían su
conducta en busca de objetivos materiales o ideológicos antes que la prestación
de un servicio público. En este sentido, las normas que dictamos a continuación
deberán igualmente orientar la acción de quienes desde el sector público o del
sector privado, controlan medios de comunicación masiva.a.
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