La desinformación, la violencia y el miedo se han conjugado para confiscar la libertad de expresión y de opinión en el contexto de protestas que se ha extendido en Venezuela por más de 90 días. Así, los derechos comunicacionales se han conculcado, de acuerdo a este balance que presenta el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), a propósito de 163° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.En este contexto de conflictos sociopolíticos y de libertades restringidas que se ha mantenido entre marzo y junio de 2017, el Estado venezolano ha aupado las restricciones de libertades migratorias y de seguridad, que ponen en riesgo a los periodistas. Con decretos de excepción, medidas de censura y ciberagresiones perpetradas por anónimos se ha obstruido la libertad de expresión en internet. Las órdenes de censura, el cierre y la reducción de espacios informativos y de opinión en los medios radioeléctricos han sido frecuentes y marcan una herida profunda en la línea histórica de la libertad de expresión en Venezuela.Estos hechos han ocurrido pese a que la CIDH le recomendó al Estado garantizar con urgencia que medios de comunicación nacionales y extranjeros pueden realizar “las transmisiones en directo de manifestaciones y actos públicos, y respetar el deber de no adoptar medidas que regulen o limiten la libre circulación de información”.El gobierno, además, ha ignorado las 22 recomendaciones que le hicieron diversos países ante la ONU en materia de protección, seguridad, acceso a la información y libertad en la red. Esta acción represiva -que condena las libertades informativas- empezó justo 15 días después de que las autoridades venezolanas asumieran estos compromisos ante la comunidad internacional
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